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El informe “Hallazgos desde lo local: Nayarit” de México Evalúa revela que esta entidad ocupa el último lugar a nivel nacional en capacidad judicial. En 2023 se recibieron más de 15 mil denuncias, pero solo el 52.5% de los casos fueron judicializados.
Además, se detectó un uso limitado de mecanismos alternativos de justicia y una excesiva aplicación de la prisión preventiva oficiosa, que duplica la media nacional.
El estudio destaca la necesidad de fortalecer la Defensoría Pública y los servicios periciales, así como mejorar el acceso a la reparación del daño, ya que solo el 0.5% de las víctimas logra obtenerla.
También se resalta la importancia de la colaboración entre sociedad civil y autoridades para mejorar el sistema judicial.
Susana Camacho, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, subraya que en Nayarit la cifra negra es más alta que el promedio nacional.
Mientras que en México el 92.4% de los delitos no se denuncian, en Nayarit el porcentaje es aún mayor. Entre los delitos con menor denuncia destacan la extorsión, el fraude y el robo a casa habitación, debido a la desconfianza en las autoridades y la percepción de trámites largos y complicados.
En términos de estructura judicial, Nayarit cuenta con solo 21 jueces penales, lo que equivale a una tasa de 1.6 jueces por cada 100 mil habitantes, una de las más bajas del país.
Además, los procesos judiciales en casos de mujeres suelen ser más largos y en el 22.7% de los casos las personas procesadas se fugan, una cifra alarmante comparada con el promedio nacional.
México Evalúa concluye que es urgente mejorar la eficiencia del sistema judicial, dar seguimiento a la implementación de la política de persecución penal y reforzar la atención a delitos como extorsión y fraude, que generan un fuerte impacto en la ciudadanía pero tienen poca respuesta por parte de las autoridades.
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