El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha hecho del combate a las extorsiones una de sus prioridades en el cierre de año, con la aprobación de una ley que establece hasta 42 años de cárcel para quien cometa este delito y que busca que sea investigado de oficio, sin necesidad de una denuncia previa. También estará en las prioridades de 2026. La presidenta ha llamado a los Estados a reforzar la lucha contra esta actividad, que no ha dejado de crecer en los últimos años, y les ha emplazado a homologar la ley nacional que aprobó el Congreso en noviembre. “Uno de los grandes retos es avanzar en la erradicación de la extorsión en el país”, ha dicho sin ambages este jueves por la mañana en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que reunía a los 32 gobernadores: “Si esto lo tomamos entre todos como algo fundamental, vamos a avanzar mucho más”.
Este delito se ha convertido en uno de los principales dolores de cabeza del Ejecutivo. Mientras disminuyen otros graves crímenes como los homicidios dolosos o los robos, la extorsión ha emprendido una escalada que el gabinete batalla para contener. Según los datos del propio Gobierno, presentados en la conferencia matutina de este martes, entre 2019 y 2025, el secuestro disminuyó un 58,4% y los robos con violencia, casi el 49%. Las extorsiones, en cambio, han aumentado un 23,1%. Con ese escenario de fondo, este julio se puso en marcha la Estrategia Nacional Contra la Extorsión, y desde entonces ha habido una reducción del 20% en las denuncias, aunque se desconoce si es espejo de un descenso también en la comisión del delito. Se han logrado prevenir, además, más de 77.000 extorsiones mediante las llamadas al 089, según expuso la presidenta ese mismo día.
“La extorsión estaba asociada a un delito estatal y dependía de la denuncia de un ciudadano. La modificación [aprobada por el Legislativo] lo que hace es: primero, involucrarlo también como un delito federal que pueda ser investigado desde la Fiscalía General de la República, y hacerlo un delito que se persiga de oficio y que tenga una sanción mayor”, ha explicado Sheinbaum a los gobernadores este jueves. “¿Qué virtud tiene? Que no recae en la víctima la denuncia, se convierte en un delito que debemos perseguir todos. Es asumir que la extorsión no es algo que afecte a una persona“, ha completado. Solo un día antes, las autoridades detuvieron a un gran extorsionador de ganaderos y comerciantes de La Laguna, entre Durango y Coahuila, conocido como El Limones, un operativo por el que el gobernador del Estado norteño, Manolo Jiménez, ha agradecido la colaboración al Ejecutivo federal. “Ayer, trabajando coordinados, se dio un golpe importante, muy significativo”, ha dicho.
El crecimiento de este tipo de actividad preocupa al Ejecutivo también en el plano discursivo. La presidenta ha reconocido esta mañana que, además de ser “el principal reto” al que se enfrentan, es también lo que les está “afectando en la percepción”. El Gobierno morenista había ganado terreno en este área con una estrategia basada en las grandes detenciones y los extraordinarios decomisos. En octubre el Senado dio un espaldarazo unánime al responsable del éxito, el secretario de Seguridad y hombre fuerte del gabinete presidencial, Omar García Harfuch. Pero la tregua terminó apenas una semana después, con el brutal asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en plena celebración por el Día de Muertos.
El crimen rompió el espejismo de que México se estaba sacudiendo la violencia de encima, y desde entonces la presidenta batalla por recuperar el control en los dos terrenos: el físico y el narrativo. Las extorsiones se cuelan en el escenario general de inseguridad como un tipo de negocio delictivo que está desbancando a la producción y el tráfico de drogas y que está dejando a su paso un reguero de muertos similar. Unos 10 días antes del homicidio del presidente municipal, cayó también Bernardo Bravo, representante de los productores de limón del Valle de Apatzingán, en el mismo Estado, Michoacán, de vuelta erigido en símbolo de una violencia que sin embargo no es exclusiva de esa entidad. Al cobro de cuota para poder cosechar y distribuir los productos se añaden ahora los intentos del crimen organizado para convertirse en un regulador del mercado, un paisaje cada vez más sofisticado que avanza más rápido que las respuestas del Gobierno.
Claudia Sheinbaum anunció la creación del Plan Michoacán para reforzar la presencia en los Estados con las llamadas ferias del bienestar. Hay identificados 35 municipios prioritarios y hay un total de 100 donde se prevé continuar el trabajo, según ha expuesto este jueves. La estrategia sigue los cuatro ejes que la presidenta reitera en cada ocasión: la atención a las causas, el fortalecimiento de la guardia nacional, la inteligencia e investigación y la coordinación. Es en este último punto en el que ha puesto énfasis en la sesión de la mañana con los gobernadores. “Trabajando juntos el próximo año, cuando nos veamos en esta sesión ordinaria podremos decir que juntos hemos bajado este delito de la extorsión”, les ha animado al final de su intervención.
Sheinbaum mandó al Congreso la ley contra la extorsión a mediados de octubre, pero la Cámara de Diputados la aprobó en un primer lugar con sanciones más suaves que las que finalmente aprobó su colegisladora. El Senado se ha volcado en castigar a los extorsionadores y ha instaurado penas de cárcel mínimas de entre 15 y 25 años, que pueden llegar hasta los 42 años en función de los agravantes. Igualmente, la condena contra funcionarios que omitan denunciar delitos de extorsión conocidos abarca una horquilla de 10 a 20 años de prisión, en lugar de los cinco a 12 años aprobados por los diputados. El cambio sustantivo mayor, sin embargo, será relevar a la víctima del peso de ser ella quien denuncie. Ese peso recaerá ahora en las autoridades.
