El momento con el que soñaron tantos demócratas brasileños, tantos militantes de la izquierda y tantos familiares de víctimas del coronavirus ha llegado. El expresidente de Brasil Jair Messias Bolsonaro, de 70 años, ya está técnicamente en la cárcel. Este martes el ultraderechista ha empezado a cumplir la condena de 27 años por liderar un intento de golpe de Estado, pero sin moverse un metro del cuarto-celda donde está recluido, en Brasilia. El juez del caso ha decidido, presumiblemente, en atención a su edad y a su frágil estado de salud, que permanezca en la principal sede policial de Brasilia, adonde fue trasladado el sábado tras intentar quitarse la tobillera electrónica que vigilaba sus movimientos.
El principal dirigente de la derecha brasileña queda, por tanto, recluido en condiciones similares a las dispensadas en 2018 al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, y elude, por tanto, ser internado en una cárcel de máxima seguridad o en una prisión militar.
El juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, instructor del caso y al que el bolsonarismo considera su peor enemigo, no ha atendido la solicitud de la defensa de que le permitiera cumplir el castigo en prisión domiciliaria. El capitán del Ejército en la reserva padece recurrentes crisis gastrointestinales y de hipo, secuela de una puñalada que sufrió en 2018.
El magistrado le acusa de intentar fugarse el fin de semana pasado. Desde el sábado, Bolsonaro permanece en una habitación de unos 12 metros cuadrados en la Superintendencia de la Policía Federal en la capital. Dispone de una cama, una mesa, televisor y aire acondicionado. Esta mañana le han visitado dos de sus hijos y la víspera lo hizo su esposa, que le cocina platos caseros con los que se alimenta el expresidente, que ha preferido no probar el menú de la Policía Federal para los presidiarios.
La máxima corte, erigida en los últimos tiempos en la gran defensora de la democracia, ha solicitado a las Fuerzas Armadas que retire los galones a los condenados. El presidente Lula ha defendido a lo largo del delicado proceso judicial que la presunción de inocencia de Bolsonaro ha sido escrupulosamente respetada. Este se proclama, en cambio, víctima de una persecución política.
Si el expresidente Bolsonaro tuviera que cumplir toda la pena entre rejas, saldría con casi 100 años de prisión. La legislación penal brasileña, muy volcada en la reinserción social, contempla que en un caso grave como el de Bolsonaro el preso cumpla un 25% en régimen cerrado (lo que se traduce para él en seis años) antes de pasar a una semilibertad que permite salir a trabajar. El ultra estaba inhabilitado desde 2023 para concurrir a las elecciones. Y, desde agosto pasado, en prisión domiciliaria y con veto de usar redes sociales.
La desaparición de la escena pública y el mutismo impuesto por el juez le ha debilitado políticamente. Los esfuerzos de sus hijos y de su partido para impulsar, en el Congreso, una ley de amnistía o una reducción de pena que le librara del trago de la cárcel o lo suavizara han resultado fracasados por el momento.
La formidable presión del presidente Donald Trump, en forma de amenazas, aranceles y sanciones económicas a los jueces, no han logrado salvar a su aliado y evitar que rindiera cuentas por intentar subvertir el orden constitucional y planear el asesinato de Lula, su vicepresidente, Geraldo Alckmin y el juez Moraes. Las instituciones brasileñas han mostrado enorme firmeza ante las amenazas y agresiones del político más poderoso del mundo. “Es una pena”, respondió el estadounidense el sábado cuando supo, por los periodistas, que el Trump de los trópicos había sido llevado a una comisaría ante la sospecha del juez de que quería refugiarse en la Embajada de EEUU.
Los tres generales (Walter Braga Netto, Augusto Heleno y Pedro Paulo Nogueira) y el almirante Almir Garnier) condenados con Bolsonaro por urdir un complot golpista contra Lula también están ya encarcelados, en su caso en dependencias castrenses. Sentenciados a entre 24 y 19 años de cárcel, son los primeros militares de alta graduación condenados y encarcelados en la historia de Brasil, salpicada de asonadas exitosas y fracasadas. Los generales fueron ministros con Bolsonaro, el almirante encabezaba la Marina. Un quinto condenado, policía y antiguo ministro Anderson Torres, entró en el ala destinada a los agentes de una cárcel civil. Otro de los condenados, un comisario de policía que dirigía el espionaje y es diputado, huyó hace semanas a Estados Unidos, a Miami. El Supremo ha solicitado al Congreso que lo destituya de su escaño.
“Los golpistas siempre quedaron impunes, tanto en el poder como fuera de él. Ahora, por primera vez, los oficiales que traicionaron la Constitución comenzarán a pagar por sus crímenes”, ha escrito el columnista Bernardo Mello Franco en O Globo.
Que un presidente sea encarcelado resulta menos raro en Brasil. Bolsonaro es el tercero de esta etapa democrática, tras Lula, cuyas condenas fueron anuladas, y Fernando Collor de Mello, que cumple condena en su domicilio desde hace unos meses. Michel Temer estuvo detenido un par de veces en 2019 pero no llegó a ser juzgado.
La sentencia contra Bolsonaro, adoptada por 4-1, le condenó por cinco delitos: intento de golpe de Estado, intento de abolición democrática del Estado de derecho, liderar una organización criminal, daños a bienes públicos y al patrimonio protegido.
La Fiscalía sostuvo que la trama liderada por Bolsonaro para mantenerse en el poder tras perder las elecciones, en 2022, frente a Lula fracasó por la oposición de dos de los tres miembros de la cúpula de las Fuerzas Armadas.
