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La consejera Jurídica de la Presidencia Ernestina Godoy anunció reformas a dos leyes como la modificación de la Ley General de Población, y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada.
Este lunes, la funcionaria dijo que dichas reformas buscan agilizar la búsqueda de personas desaparecidas, mejorar la colaboración interinstitucional y reforzar el uso de tecnologías para obtener resultados más efectivos.
“Interconectar a México, crear un sistema que permite el intercambio de información en tiempo real entre autoridades instituciones y particulares, ser partícipes a la sociedad, que la ciudadanía se integre al proceso de búsqueda mediante información o reportes oportunos, alertar a todo el país de forma rápida y precisa cuando se denuncia la desaparición de alguna persona, fortalecerá las fiscalías estatales para que la investigación sea más ágil y efectiva”, indicó.
Entre los cambios que plantean las reformas está la creación de una Plataforma Única de Identidad; la Clave Única de Registro de Población (CURP) será utilizada como un mecanismo de identidad oficial, y se le incorporará fotografía y huellas dactilares.
Además, se integrará una base de datos nacional que reunirá información de la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales. Se implementará un sistema de alerta nacional para notificar sobre desapariciones. Y se eliminan las 72 horas de espera para iniciar una búsqueda.
Destacó que las modificaciones prevén sanciones administrativas a servidores públicos.
“Cuáles son las principales acciones que se están previendo en estas reformas, se crea la plataforma única de identidad, se incorpora la CURP como mecanismo de identidad oficial con fotografía y huellas dactilares con capacidad de consulta en tiempo real; se establecen obligaciones y sanciones para los servidores públicos que no cumplan con la generación, la actualización y el y la compartición de la información cuando se les pida”, enfatizó.
Los objetivos principales son: fortalecer la investigación a través del acceso rápido a bases de datos; garantizar la atención inmediata ante denuncias de desaparición.
Además, coordinar esfuerzos entre instituciones públicas y privadas; incorporar herramientas tecnológicas para la búsqueda y localización de personas, y proteger el derecho a la identidad mediante la CURP con datos biométricos.
Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la importancia de avanzar hacia una base de datos nacional para agilizar la búsqueda de personas.
“¿Que estamos planteando con estas leyes? en el caso de la investigación relacionada con delitos de alto impacto como la desaparición esten todas las bases de datos disponibles para la búsqueda”, indicó.