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Escrito en NACIONAL el
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, presentó una iniciativa para vincular el principio de justicia social a la tarea que realiza el Poder Judicial en esta ciudad, y que fallas de procedimiento no se coloquen por encima del fin último que es la impartición de justicia a las personas afectadas.
En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, refirió el caso de Fabian N, delincuente peligroso que, aun siendo capturado, fue liberado por un juez al observar errores en el procedimiento de detención y hoy se encuentra prófugo. Dijo que casos como este son muchos y motivaron proponer una modificación al artículo 35 de la Constitución local, agregando el siguiente párrafo.
“En la función jurisdiccional se observarán los principios de igualdad sustantiva, justicia restaurativa y justicia redistributiva, de tal manera que las formalidades no esenciales del proceso nunca estén por encima de la aplicación y los fines de la justicia social a fin de que impere un sistema autentico que garantice y favorezca la tutela efectiva sin dilaciones indebidas de los derechos humanos”, declaró.
Reconoció que la Constitución de la Ciudad de México ya establece el concepto de justicia social, pero no lo vincula a la acción jurisdiccional, por lo que consideró necesario dejarlo planteado claramente con el añadido y que el juzgador aplique su consciencia a la hora de impartir justicia.
“Nos parece importante arribar a un estadio de sensibilidad de las personas juzgadoras para detectar las condiciones en que ocurren los hechos y por supuesto la vulnerabilidad, desventaja o desigualdad en que pueda situarse toda persona al momento de acudir ante el Sistema de Administración e Impartición de Justicia”, expresó.
En el acto el jefe de Gobierno estuvo acompañado por su hermana, la ministra de la SCJN, Lenia Batres, así como el fiscal interino capitalino, Ulises Lara y la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa local, Estela Fuentes Jiménez; e insistió que con esta iniciativa, -que pidió sea presentada en el Congreso capitalino el próximo 18 de julio-, se garantizará el acceso a la justicia priorizando a las personas y grupos sociales que se encuentran en desventaja social.
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