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La Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), continúan investigando al ex gobernador perredista de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, por el desvió de 4 mil millones de pesos durante su mandato en el periodo 2015-2021.
Aureoles Conejo cuenta con una orden de aprehensión vigente por los delitos de peculado, administración fraudulenta, operación con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
El ex mandatario de Michoacán está relacionado en 13 denuncias que interpuso a partir del 2021 el gobierno de su sucesor y actual gobernador michoacano, el morenista Alfredo Ramírez Bedolla, principalmente, por el sobreprecio en la construcción de siete cuarteles de la Policía Michoacán (hoy Guardia Civil) y del C5I.
Para la construcción de los siete cuarteles y el C5I, Silvano Aureoles pagó un monto de 4 mil millones de pesos, pese a que avalúos posteriores demostraron que en total sólo costaron entre 800 millones a mil millones de pesos, es decir, no se comprobó la aplicación de al menos 3 mil millones de pesos.
Los cuarteles fueron construidos en Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Coalcomán, Jiquilpan, Zitácuaro, Uruapan y Huetamo, mientras que el C5I en Morelia.
Sin embargo, la empresa D&F inmobiliaria S.A. de C.V. fue la encargada de construir los cuarteles, bajo una especie de contratos de arrendamiento, es decir, el gobierno de Silvano Aureoles además de pagarle los 4 mil millones de pesos para su construcción, también pretendía pagar un monto adicional para la operación de estos espacios, aunque al término de los contratos los inmuebles pasarían a ser particulares y no del patrimonio del gobierno estatal.
