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Escrito en NACIONAL el
Un juez de distrito ordenó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, instrumentar las acciones necesarias para localizar y destruir las llamadas narcominas, así como para evitar el desplazamiento forzado de los habitantes de la zona de Tierra Caliente.
Sergio Santamaría Chamú, titular del Juzgado Primero de Distrito, le concedió la suspensión definitiva a un grupo de jornaleros, quienes reclamaron la omisión de las autoridades para desplegar acciones que permitan identificar los sitios de instalación de mina terrestres por parte del crimen organizado, lo que viola su derecho a la vida y al trabajo en condiciones de seguridad.
Como parte de su resolución, el impartidor de justicia instruyó a la titular del Ejecutivo federal para que pondere la posibilidad de solicitar a la Organización de Naciones Unidas, a las organizaciones regionales, a otros Estados parte de ese tratado internacional, asistencia para elaborar un programa nacional de desminado.
Mencionó que la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General del Estado y el gobernador no han demostrado que ya se concretó una coordinación institucional, ni mucho menos que ya emprendieron acciones concretas y eficaces para localizar, retirar, desactivar, neutralizar y destruir las minas terrestres.
Indicó que estas omisiones comprometen gravemente la integridad de las personas y su derecho a la vida, así como a la integridad personal.
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