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La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) rechazó de “manera categórica y enérgica” las declaraciones del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, quien afirmó que el Poder Judicial es “el enemigo que protege el lavado de dinero, el narcotráfico y la corrupción”.
En un comunicado, la asociación aseveró que lo que no ha podido lograr con hechos y pruebas, ahora lo intenta con una campaña de desprestigio, al tiempo en el que subrayó que la justicia no responde a presiones políticas ni a estrategias mediáticas.
Indicó que las acusaciones vertidas por el titular de la UIF son una afrenta no solo al honor y dignidad de la Judicatura Federal, sino al estado de derecho y a la independencia judicial, principios fundamentales de toda democracia.
Agregó que Pablo Gómez sabe perfectamente el valor del juicio de amparo porque lo ha utilizado a lo largo de su vida cuando ha sentido que su libertad estaba en riesgo o cuando ha querido defender sus derechos. Entonces, añadió, cuando le conviene, la justicia es útil; pero cuando no le favorece, acusa sin fundamentos.
La JUFED le recordó al titular de la UIF que su función es actuar con apego a la ley, respetar el marco jurídico nacional e internacional, y no desatar ataques sin fundamento contra la Judicatura Federal.
Mencionó que sus declaraciones violan las convenciones internacionales firmadas por México, que obligan a las autoridades a proteger y respetar a las personas juzgadoras como defensoras de derechos humanos.
Por ello, exigió respeto y responsabilidad y advirtió que no van a tolerar intentos de socavar la independencia judicial con discursos políticos sin pruebas, por lo que hizo un llamado a las autoridades del Poder Ejecutivo para que se abstengan de difundir información falsa que busque debilitar la confianza en el Poder Judicial.
La JUFED refirió que es lamentable que, ante su evidente incapacidad para combatir de manera efectiva al crimen organizado, el gobierno haya optado por desviar la atención y responsabilizar a las personas juzgadoras de su propio fracaso.
