En un juicio celebrado este viernes 17 de abril en la Audiencia Provincial de Madrid, el colaborador televisivo Kiko Matamoros (Madrid, 69 años) ha confesado que ocultó patrimonio, tanto ingresos dinerarios como un inmueble, a Hacienda para evitar que la Agencia Tributaria ejecutara embargos por su impago de impuestos. En la misma cita en los juzgados, su exesposa María José Giaever, conocida mediáticamente como Makoke (Málaga, 56 años), ha reconocido que cooperó con dicha ocultación prestándose a que Matamoros pusiera a nombre de ella una vivienda de Pozuelo de Alarcón (Madrid) comprada por ambos en 2011, además de la cuenta a la que estaba vinculada la hipoteca; esto, a pesar de que los ingresos para dotar de dinero a la misma eran de su entonces marido.
Ante la confesión de estos hechos, la fiscal ha rebajado su petición de pena, de cinco años y medio a dos años de cárcel para Kiko Matamoros y de cuatro a un año y nueve meses para Makoke, lo que implica su no ingreso en prisión. Se ha considerado que ambos incurrieron en un delito de alzamiento de bienes con las circunstancias atenuantes de confesión y dilaciones indebidas en el procedimiento, por el que además se solicita que indemnicen a Hacienda de forma conjunta en algo más de 400.000 euros.
Por su parte, el abogado del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, ha pedido tres años y medio de prisión para Kiko Matamoros y un año y nueve meses para Makoke. Los abogados defensores de ambos acusados se han adherido a la petición definitiva de la Fiscalía.
El letrado de Kiko Matamoros ha dicho que finalmente Hacienda sí logró embargar a su representado casi 800.000 euros, mientras que el de Makoke ha recordado que ella ha depositado ya 60.000 euros a efectos de su posible responsabilidad civil.
Durante su declaración, Kiko Matamoros ha confesado que desde el año 2009 se valió de empresas creadas por él para generar un vaciamiento formal de su patrimonio y una apariencia de inexistencia de ingresos, para eludir así una potencial vía ejecutiva por parte de Hacienda tras no pagar los impuestos que le correspondían. Ha añadido que así canalizó su intervención en medios de comunicación y su labor de representante de terceros, en concreto de Makoke, a través de las sociedades Salto Mortal y Silla del Ring, vaciando las cuentas de estas empresas en su beneficio personal, y también ocultó a Hacienda rentas que obtenía de sus sueldos por su actuación profesional.
El colaborador de programas de éxito televisivo como Sálvame ha manifestado que adquirió en 2011 una vivienda en Pozuelo de Alarcón con un precio de 1.315.750 euros, en la que fijaron su residencia habitual. También que, para evitar una actuación de Hacienda contra él, pusieron la titularidad del inmueble a nombre de Makoke.
La fiscal ha recordado que la Agencia Tributaria dictó en 2017 una resolución en la que requería a Kiko Matamoros que identificara sus bienes ante su deuda con Hacienda, que entonces ascendía a 1.240.425 euros. Él ha admitido que le fue notificada la resolución, pero que no atendió al requerimiento, lo que según ha advertido la fiscal provocó “el fracaso de toda pretensión de embargo” por Hacienda.
Makoke ha asegurado que hasta 2018 no se enteró de que Kiko Matamoros no declaraba a Hacienda y que se prestó a que pusiera la casa de Pozuelo de Alarcón a su nombre para que no se la embargaran a su entonces marido. Ha dicho que igualmente accedió a figurar como titular de una cuenta en la que el dinero para pagar la hipoteca lo ingresaba Kiko Matamoros.
A su salida de la Audiencia, Matamoros ha adelantado que cuando haya sentencia iniciará un procedimiento civil a favor de sus intereses: “La pelea por mis derechos”, ha dicho, y ha recordado que en la casa de Pozuelo siguen viviendo familiares de Makoke. Esta, que ha llorado en algunos momentos del juicio, se ha limitado a decir que ha sido “muy desagradable” estar en el banquillo y sobre Kiko Matamoros ha comentado que no le ha saludado y que ni siquiera le ha mirado.
El exmatrimonio ya coincidió en la Audiencia Provincial de Madrid el pasado 18 de marzo, en el inicio del juicio, ocho años después de hacer pública su separación tras 20 años de relación. En aquella sesión, él se mostró dispuesto a asumir su responsabilidad y ella presentó un nuevo informe pericial que hizo que se pospusiera el proceso. Una semana antes, se supo que la Fiscalía pedía cinco años y seis meses de cárcel para Matamoros, a quien consideró el cerebro de la operación, y cuatro años para su exmujer como cooperadora necesaria.
