En la Cámara de Diputados, el Pleno aprobó en lo general con votación de 321 a favor y 125 en contra, las reformas a través de las que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y otros ordenamientos asociados.
En la votación particular, los congresistas desahogarán 105 reservas que serán presentadas por 29 oradores.
Justifican extinción del INAI
Al presentar el proyecto, el diputado el Partido del Trabajo (PT), Ricardo Mejía, aseguró que dichas disposiciones garantizarán el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y también a la protección de datos personales, pero con un menor costo al que implicaba la operación del extinto Instituto Nacional de Transparencia, INAI.
El también presidente de la Comisión de Transparencia del recinto subrayó que ante la extinción de ese organismo autónomo, la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, llevará a cabo el 80 por ciento de las tareas de ese organismo, pero con el 30 por ciento de los recursos.
“Este nuevo esquema implica la creación de 18 autoridades especializadas según el ámbito del sujeto obligado, lo que permitirá una gestión más eficiente y precisa de cada solicitud ciudadana, por tanto, se descentraliza el poder de acceso a la información y se trasladan las funciones del INAI a múltiples autoridades especializadas”, explicó.
Mejía Berdeja indicó que los cambios armonizan las normas de transparencia que garantizarán el derecho a la información pública y la protección de datos, mismos que quedarán a resguardo sin que eso implique gastos onerosos.
Enfatizó que las solicitudes de acceso a la información formuladas a municipios de las entidades, las demarcaciones territoriales en la Ciudad de México, serán atendidas en los órganos encargados de la contraloría de los poderes ejecutivos locales.
El Instituto Nacional Electoral (INE) deberá desahogar las solicitudes de información referentes a los partidos políticos; mientras que las peticiones en materia laboral, se atenderán en instancias como el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
Aseguró que fragmentar las funciones que realizaba el INAI, se reforzará el combate a la corrupción.
Recordó que al modificar la operación de la Plataforma Nacional de Transparencia, los más de 15 millones de documentos resguardados en ese instrumento, quedarán en manos de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Calificó como positivo la creación de un organismo desconcentrado llamado “Transparencia para el Pueblo”, que se encargará de atender los recursos de inconformidad de los ciudadanos, cuando los organismos obligados a responder sus solicitudes de información, no respondan o lo hagan de manera inadecuada.
En tanto, el diputado del Partido Verde (PVEM), Javier Herrera, también justificó la desaparición del INAI, al afirmar que se convirtió en un reducto de corrupción, utilización indebida de recursos públicos, reparto de puestos de dirección para cumplir con cuotas y amiguismos y en una instancia que los propios comisionados de transparencia utilizaron para incurrir en excesos y abusos.
Herrera Borunda arremetió contra el INAI.
“El INAI se convirtió en un organismo opaco, burocrático e incapaz de cumplir con la misión constitucional que le habíamos dados. Abusó de su capacidad e independencia de gestión. Realmente lo que creó fue un nicho de corrupción que está documentado por la Auditoría Superior de la Federación”, criticó.
Pidió no olvidar que algunos comisionados hicieron uso indebido del presupuesto del organismo, emplearon tarjetas corporativas con fines particulares, pagaron viajes y comidas en restaurantes, con cargo a la institución.
A esas anomalías se suma la “terciarización” de las investigaciones a su cargo, es decir, las encargaban a entes privados.
Calificó como “falacias” que se ponga en riesgo la protección de datos personales, que se viole el derecho de acceso a la información y que se incumplan disposiciones internacionales en materia de transparencia, como acusa la oposición.
Retroceso en el acceso a la información
Al presentar una moción suspensiva en el intento de impedir la discusión, la cual fue rechazada, la integrante de Movimiento Ciudadano (MC), Laura Ballesteros, sentenció que no se puede confiar en que el Gobierno Federal autovigilará sus “corruptelas”.
Al poner el acceso a la información pública y la protección de datos en manos del Ejecutivo Federal y dependencias de gobierno, equivale a “poner a un zorro a cuidar el gallinero”.
Los ciudadanos están perdiendo el derecho de acceso a la información y a reclamar explicaciones de la autoridad sobre sus actos.
“Les están quitando el derecho a seguir sabiendo sobre corruptelas como ha sido la Estafa Maestra (…) o la Casa Blanca de Enrique Peña y la Gaviota, el desabasto de medicamentos, el toallagate, Odebrecht, el socavón, el Tren Maya o que el Ejército siga ocultando contratos con el pretexto de la seguridad nacional. Es claro que esto es abuso de poder”, sentenció Ballesteros Mancilla.
El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Arturo Yáñez, advirtió que las reformas en materia de transparencia planteadas por la Presidenta para dar sustento a los cambios constitucionales que eliminaron organismos autónomos, son un retroceso que “desmantela” la rendición de cuentas.
Reclamó que se está poniendo la verdad en manos del Gobierno Federal.
Sentenció que se “centraliza” la información pública, para dificultar el acceso al que tienen derecho los ciudadanos.
Elimina el candado que permitía a ciudadanos solicitar información pública de manera anónima y “legitima la censura a la prensa”, al obstaculizar la presentación, atención y respuesta a las respectivas solicitudes, alertó.
