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La organización México Evalúa ha hecho un llamado urgente a realizar “un análisis detallado del impacto presupuestal” sobre el paquete de reformas propuestas para la Regulación y Reforma del Sector Energético y las Empresas Públicas del Estado, el cual incluye la creación de ocho nuevas leyes y modificaciones a tres leyes vigentes. Este paquete de reformas, ya aprobado en el Senado de la República, tiene como objetivo redefinir la estructura del sector energético en México.
México Evalúa subraya que las iniciativas deben ser discutidas en la Cámara de Diputados antes de su aprobación para evitar posibles impactos negativos tanto en el sector energético como en la economía nacional. La organización destaca que México continúa generando el 79% de su electricidad a partir de combustibles fósiles, lo que lo hace vulnerable a las fluctuaciones de los precios internacionales del petróleo y el gas. Además, la dependencia del gas natural importado de Estados Unidos pone en riesgo la estabilidad del sector energético mexicano debido a posibles tensiones comerciales.
Uno de los puntos más preocupantes señalados por México Evalúa es la desaparición de los órganos reguladores autónomos, como la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, así como la concentración de funciones en la Secretaría de Energía. Este cambio podría generar conflictos de interés y reducir la certidumbre para los inversionistas, según la agrupación.
La reforma también incluye modificaciones importantes sobre la confidencialidad de los permisionarios del sector hidrocarburos. Se propone que los secretos bancario, comercial y fiscal no sean aplicables durante los procesos de verificación e inspección, lo cual podría vulnerar la privacidad de las empresas y generar posibles riesgos de inconstitucionalidad. Además, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha dictaminado que la reforma no tendrá impacto presupuestal, lo que deja en duda la viabilidad financiera de las iniciativas.
Entre las modificaciones más destacadas de la reforma se encuentran la eliminación de permisos para inversiones de generación eléctrica de hasta 700 kW, lo que facilitaría la producción de electricidad para pequeñas empresas y hogares. Además, se abre la puerta a proyectos mixtos con una participación mínima del 54% del Estado. Sin embargo, persisten preocupaciones sobre la concentración del control estatal y la incertidumbre regulatoria.
La reforma también propone un plan de inversión de 23,400 millones de dólares en infraestructura para energías renovables durante el actual sexenio, así como la promoción de la generación distribuida y el fortalecimiento del abasto aislado para el sector industrial. Además, se plantea la creación de un nuevo esquema regulador para mejorar la atención a los consumidores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
México Evalúa concluye haciendo un llamado a los legisladores de la Cámara de Diputados para que realicen un análisis exhaustivo de las implicaciones de estas reformas antes de su aprobación, a fin de garantizar un marco normativo que impulse la transición energética, brinde certidumbre a las inversiones y asegure un entorno competitivo y justo para todos los actores del sector energético.
