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Organizaciones denuncian retroceso en materia de desaparición forzada en México

Última actualización: marzo 18, 2025 3:16 pm
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Escrito en NACIONAL el 18/3/2025 · 09:08 hs

La Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México expresó su preocupación ante la intención del gobierno de Claudia Sheinbaum de equiparar la desaparición forzada con el delito de secuestro. Diversas organizaciones consideran que esta medida representa un grave retroceso en materia de derechos humanos.

Desde 2011, la Campaña Nacional ha documentado y acompañado casos de desaparición forzada, subrayando su carácter de violación grave a los derechos humanos. Entre las agrupaciones que respaldan esta postura se encuentran el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, el Comité Cerezo México y la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM).

En su pronunciamiento, las organizaciones recordaron que, gracias a la lucha de familias y activistas, en 2017 se logró la legislación en materia de desaparición forzada. Este reconocimiento como una violación a los derechos humanos y no solo como un delito penal se encuentra en riesgo con la nueva propuesta del gobierno federal.

Señalaron que tanto la administración pasada como la actual han evitado reconocer la continuidad de las desapariciones forzadas en el país. Además, recordaron que México ha firmado tratados internacionales que lo obligan a tipificar este crimen de acuerdo con estándares internacionales.

Las agrupaciones denunciaron que el anuncio del gobierno busca deslindar de responsabilidad a servidores públicos que han actuado con complicidad, omisión o aquiescencia en estos crímenes. Según ellas, esta postura refleja un desconocimiento en materia de derechos humanos y revive la estrategia de gobiernos anteriores de atribuir el problema exclusivamente al crimen organizado.

Finalmente, hicieron un llamado a colectivos de familiares, organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales a resistir este retroceso. Exigieron que el gobierno garantice la participación de las familias en la identificación de restos y evidencias, y que priorice la verdad, justicia y memoria para las víctimas.

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