En la Cámara de Diputados, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) calificó como positivo para México, que se hayan aplazado los aranceles de Estados Unidos contra México.
No obstante, el vicecoordinador económico de esa fracción, Héctor Saúl Téllez, fue claro en señalar que el amago no se ha eliminado, y la Presidenta de la República debería aprovechar el tiempo para alistar un plan de respaldo a la industria nacional.
En ello coincidieron, por separado, los diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
“Es bueno que el presidente Donald Trump haya decidido aplazar al menos un mes la imposición de esta amenaza de aranceles sobre los productos mexicanos. Sin embargo, sigue latente la posibilidad de qué este esta amenaza, esta imposición se haga a partir del 2 de abril”, recalcó el diputado Téllez Hernández.
Destacó que el Gobierno Federal tiene tiempo para preparar el “plan b” o “plan c” de respuesta a Estados Unidos.
“Por lo tanto tiene prácticamente un mes la presidenta para preparar un buen proyecto, un buen plan de protección de la industria mexicana, de protección de cientos de miles de empleos de mexicanos y sobre todo de protección de los sectores productivos. En ese sentido, conminamos a que la presidenta Claudia Sheinbaum pueda preparar este plan de contingencia contra los aranceles y dé a conocerlo a la opinión pública”, expresó e panista.
Frenar al narco, no destruir instituciones
Por su parte, el coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira coincidió con el bloque mayoritario en que el anuncio sobre los aranceles es bueno.
No obstante, manifestó que se debe exigir al gobierno mexicano dar “golpes” certeros contra el crimen, promueva en los hechos la unidad nacional, trabaje en acuerdos eficientes con Estados Unidos” y deje de tomar decisiones que destruyen las instituciones.
“Y que podamos llegar a un punto en el cual el gobierno logre buenas negociaciones. Hay que decirle al gobierno mexicano que tiene que dar golpes contundentes en materia de seguridad, hay que decirle al gobierno mexicano que tiene que buscar la verdadera unidad nacional con el diálogo con las diligencias de los partidos políticos, con sectores opositores, con gobernadores y presidentes municipales, y que cese la destrucción de las instituciones porque eso nos debilita”, indicó Moreira Valdez.
Respecto a la temporalidad del aplazamiento de las restricciones comerciales, el legislador manifestó que la autoridad federal debería valorar si es momento de acelerar la revisión del T-MEC.
La determinación del gobierno de Estados Unidos no es un “gran triunfo” para México, como lo está presumiendo el bloque mayoritario.
El triunfo sería que las amenazas con aranceles terminaran y la relación bilateral regresar al cauce normal del diálogo, el respeto mutuo y la cooperación para atender la agenda de temas prioritarios, dijo.
Plan anti-aranceles
En tanto, el también diputado federal del PRI, Mario Zamora, planteó la necesidad de tener un plan específico para salir de la dinámica de las amenazas mensuales del gobierno estadounidense.
“Yo creo que tenemos que hacer una estrategia clara y muy firme para evitar que cada mes nos estén diciendo, que tenemos 28 días más, como si fuéramos un enfermo desahuciado, me parece eso increíble”, alertó.
Que la autoridad federal se ponga firme con la persecución y sanción a quiénes están involucrados desde las instancias gubernamentales con el crimen organizado, ya que esa sigue siendo una de las principales razones de las presiones del gobierno norteamericano.
“Una vez más el gobierno lo vuelve a decir el gobierno norteamericano, que la razón de los aranceles responden a que no hay confianza en el combate al crimen organizado de este gobierno que tenemos en México. Ojalá que la Presidenta se ponga firme y de una vez por todas se ponga investigar y castigue a toda la clase política que tiene acuerdos y vínculos y relación y operaciones con el crimen organizado”, demandó.
Zamora Gastélum también expresó su extrañeza con la postura de la Presidenta de la República, que no ha exigido a su homólogo norteamericano, que presente pruebas de que políticos y gobernantes mexicanos tienen nexos con la criminalidad.
