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Escrito en NACIONAL el
La Cámara de Diputados aprobó en la Comisión de Seguridad, los dictámenes de las iniciativas de la Presidenta de la República en materia de seguridad e inteligencia.
Las propuestas prevén la creación de un padrón de telefonía celular, así como la utilización de los datos biométricos de los ciudadanos para investigar crímenes, e incluso formular patrones de conductas para “predecir” la posible comisión de delitos.
La votación para ambos proyectos fue de 25 a favor, tres en contra y cuatro abstenciones.
El documento será turnado a la Mesa Directiva del recinto para que lo enliste a discusión en el Pleno, en la sesión de este jueves 20 de marzo.
Previo a la reunión de la Comisión, el líder parlamentario de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Monreal, habría perfilado esa determinación.
“Y mañana probablemente tengamos las dos reformas en materia de seguridad, la de inteligencia e investigación, y la seguridad pública, así como la de transparencia. Las tres iniciativas ya convertidas en minuta serán aquí discutidas el día de mañana”, anticipó.
En tanto, la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunció su voto en contra.
Reformas sobre seguridad arbitrarias
El coordinador Rubén Moreira explicó las razones por las cuáles su bancada no acompañará el planteamiento de la Jefa del Ejecutivo Federal que se tenía previsto analizar previamente con el titular de la Secretaría de Seguridad, Omar García, lo que nunca ocurrió.
“Vamos en contra básicamente por tres cosas, la primera, en el artículo 7 se confirma la militarización del país. Segundo, porque esta Agencia Digital que es una agencia de promoción del gobierno, esta que usan para defender a los políticos de Morena es la que va a tener tus datos telefónicos y todos los datos de todo mundo, yo no veo certeza ni seguridad ahí”, alertó Moreira Valdez.
En el caso de la utilización de los datos biométricos de los ciudadanos, subrayó que esa información estará al alcance de la Secretaría de Seguridad sin necesidad de que un juez emita una orden, lo que también genera incertidumbre.
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