Escrito en NACIONAL el
Patricia Sánchez Nava, jueza de control con residencia en el Reclusorio Oriente, vinculó a proceso a cuatro excolaboradores del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, por los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta relacionados con un daño patrimonial al estado por más de 3 mil 400 millones de pesos.
Durante la continuación de la audiencia inicial, la cual se extendió por cerca de 22 horas, la impartidora de justicia ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra de Carlos Maldonado Mendoza, ex secretario de Finanzas; Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP); Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa de esa misma dependencia, y Antonio Bernal Bustamante, ex titular de la SSP,
Sin embargo, a las 9:00 horas de este viernes se llevará a cabo una nueva audiencia, debido a que los abogados de Antonio Bernal Bustamante, Mario Delgado y Elizabeth Pineda solicitarán el cambio de de prisión preventiva justificada a libertad provisional.
Asimismo, la juzgadora dio un plazo de tres meses para la investigación complementaria.
Los exservidores públicos fueron imputados, junto con Silvano Aureoles, de realizar una operación irregular de arrendamiento y posterior compra de inmuebles para instalar siete cuarteles policíacos en Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, los inmuebles habían sido arrendados por periodos mínimos de 56 meses a Inmobiliaria Dip, que recibió dicha encomienda por adjudicación directa, pese a haber sido creada de forma muy reciente –en 2015–, lo cual, a decir de las autoridades federales, ya daba idea de la mala administración de los recursos públicos.
Según la fiscalía anticorrupción, el inmueble de Apatzingán finalmente se escrituró por 210 millones 562 mil pesos; el de Coalcomán, en 216 millones 699 mil; el de Huetamo, en 128 millones 277 mil pesos; el de Jiquilpan, en 212 millones 999 mil pesos; el de Lázaro Cárdenas, en 294 millones 616 mil; el de Uruapan, en 268 millones 624 mil pesos, y el de Zitácuaro, en 220 millones 659 mil.
Sin embargo, estudios posteriores hechos por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales determinaron que en el caso de Apatzingán se pagó un sobreprecio de 76 millones de pesos; en Huetamo, de 37.4; en Jiquilpan, de 90.4; en Lázaro Cárdenas, de 163.4; en Uruapan, de 64.2; Coalcomán, 116 millones, y en Zitácuaro, de 103.8 millones.
