Es realmente muy difícil comprender —y menos justificar— la lente con la que la presidenta Claudia Sheinbaum mira al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Organizaciones de la sociedad civil de prácticamente todo el espectro ideológico, organismos internacionales y periodistas independientes han documentado, desde hace años, cómo el régimen chavista —y posteriormente el madurista— ha violado sistemáticamente los derechos de la población venezolana.
De ello, no hay duda: la evidencia es abrumadora. Chávez, y después Maduro, acabaron con los contrapesos, cooptaron al poder judicial, controlaron a los medios de comunicación y desmantelaron, uno por uno, los organismos garantes de una vida democrática y libre en Venezuela.
Y aun así, la presidenta mexicana es incapaz de condenar un régimen que ha expulsado a más de ocho millones de venezolanos, muchos de los cuales han hecho de México su refugio. El contraste es todavía más llamativo cuando se observan las posturas de líderes progresistas de la región. El presidente chileno Gabriel Boric lo ha dicho sin ambigüedades: “No hay duda. Estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo.” El gobierno izquierdista de Colombia no reconoció los resultados fraudulentos de la última elección de Maduro y el histórico líder de la izquierda brasileña, Lula da Silva, exigió que el régimen venezolano publicara las actas que supuestamente acreditaban su triunfo. Frente a este coro regional de condena —un coro, además, de izquierda—, Sheinbaum optó por el silencio, escudada en una política exterior acomodaticia.
La sorpresiva salida de Venezuela de la opositora María Corina Machado representaba una nueva oportunidad para que México asumiera una postura crítica. Sheinbaum nuevamente la dejó pasar. Si la presidenta elige no pronunciarse sobre una figura perseguida —aunque sea de derecha—; si decide no creerle a las organizaciones civiles ni a las instituciones internacionales que han documentado con rigor las violaciones sistemáticas de derechos humanos, quizá podría, al menos, reunirse con algunos de los miles de venezolanos que han llegado a México desde todos los estratos sociales. Escuchar sus testimonios reduciría a nada el margen para la tibieza.
Porque si no confía en los organismos multilaterales ni en las decenas de organizaciones no gubernamentales globales que han investigado a fondo el caso venezolano, entonces queda una pregunta esencial:
¿Con qué lente está mirando la presidenta la realidad venezolana? ¿Qué interés hay detrás?
